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Declaración Universal

La Declaración Universal de Derechos Humanos  fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de Diciembre de 1948, sin ningún voto en contra.

Con ella comienza, por vez primera la afirmación de los derechos con carácter universal y positivo. Universal, en el sentido de que ya no sólo son destinatarios de los principios allí contenidos los ciudadanos de un determinado estado, sino toda la humanidad. Positiva, en el sentido de que pone en marcha un proceso de concreción y garantía universal de los derechos. Proceso que todavía está sin concluir.

Adolece de una serie de defectos que se puede resumir de la siguiente manera:

  • Su progresivo envejecimiento y desfase.
  • El excesivo predominio de la concepción individualista de los derechos humanos.  
  • La existencia de una configuración conflictiva de los derechos.
  • La existencia de un divorcio entre los derechos de libertad y los derechos de igualdad.
  • El riesgo de manipulación política de los derechos.
  • El retroceso de la idea de universalidad.
  • La progresiva devaluación de los derechos.
  • La sacralización de los derechos y su persistente ineficacia.

Los nuevos desafíos a los derechos humanos, al que asistimos en el curso de los últimos años, no significan una pérdida de vigencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que acucian a ampliar y a actualizar su contenido. Ello determina, la necesidad de actualizar continuamente el contenido de la Declaración, articulándolo, especificándolo, vigorizándolo, de tal modo que no cristalice y se vuelva rígido en fórmulas tanto más solemnes cuanto más vacías.

La Declaración ordena los derechos en los dos grandes grupos tradicionales de derechos: los derechos civiles y políticos (artículos 3 a 21) y los derechos económicos sociales y culturales (artículos 22 a 27). Esos dos grandes bloques de derechos serán luego desarrollados, respectivamente, por los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966, y que entraron en vigor diez años más tarde.